El 26 de enero celebramos el día de la educación ambiental. Esta educación es necesaria para que la sociedad vea los problemas ambientales en su vida cotidiana, la motive a buscar soluciones y promueva, de este modo, una actitud crítica, responsable y participativa frente al modelo “tomar-usar-desechar” que agota vorazmente los recursos naturales, contaminando aire, suelo y agua.
En 1977 la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de Tbilisi, en la cual se establecieron tres grandes objetivos para la educación ambiental:
• Fomentar una clara conciencia y una preocupación por la interdependencia económica, social, política y ecológica en áreas urbanas y rurales.
• Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el conocimiento, valores, actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente.
• Crear nuevos patrones de comportamiento hacia el ambiente.
La educación ambiental es un proceso permanente y una respuesta a la crisis civilizatoria que afecta al planeta; debe mostrar la convergencia de todas las áreas del conocimiento que contribuyen a comprender las relaciones que, a través de su historia, los seres humanos han establecido con su ambiente. Es importante conocer las causas y los efectos del cambio climático, ser conscientes de que el desarrollo sostenible es el camino para satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y que proteger el ambiente es cuidar nuestra propia supervivencia.
En éste sentido celebramos la promulgación de la Ley Yolanda (*), ley 27.597, que establece que todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental. Ésta legislación reafirma el carácter transversal del ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental. Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable.
La Ley Yolanda supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. Algunos de los ejes que incluye son economía circular y gestión de los residuos sólidos urbanos, problemas ambientales, bienes naturales y biodiversidad, eficiencia energética, derecho ambiental e impacto ambiental en las políticas públicas.
* La ley conmemora a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.
